Durante el año 2020 el Servicio Nacional del Consumidor evidenció un problema que afecta a miles de familias en nuestro país. Solo en el período de un año se recibieron 21 mil reclamos relacionados con cobranzas extrajudiciales abusivas.

Como consecuencia, el congreso ingresó un nuevo proyecto de ley cuya finalidad es fortalecer los derechos de los consumidores en materia de cobranza vía telefónica, evitando el acoso.

En el siguiente artículo explicaremos en qué consiste esta nueva normativa y cuáles son sus efectos y consecuencias.

 

¿En qué consiste esta nueva ley de cobranza extrajudicial?

 

La nueva Ley 21.230 tiene como finalidad limitar las llamadas de cobranza telefónicas abusivas por parte de las empresas en contra de los deudores; fortaleciendo así los derechos de los consumidores.

A esta nueva ley se le ha conocido informalmente de varias maneras, como por ejemplo la «ley de hostigamiento de cobranza» o simplemente la nueva ley de cobranza 2021 (por el año en que entró en vigencia).

 

¿Cómo afecta la nueva ley a proveedores o a las empresas de cobranza?

 

Si bien la antigua normativa establecía que las empresas no podían hostigar ni informar a otras personas sobre las deudas de los consumidores, no existía un mecanismo ni una ley que controlaba el número de llamadas que tanto proveedores o las empresas de cobranza hacían en contra de sus deudores.

Debido a esto, se modifica la ley y obliga a los proveedores -y especialmente a las empresas de cobranza- a limitar los llamados y contactos que realizan a sus clientes.

Con la nueva ley solo podrán realizar dos contactos a la semana separados por al menos dos días.

 

Regulación especial durante el Estado de Excepción Constitucional

 

Las llamadas o visitas de cobranza extrajudicial podrán realizarse sólo dos veces al mes mientras dura el Estado de excepción constitucional, y hasta los sesenta días posteriores al término de la última de las prórrogas de este estado.

 

¿Qué ocurre con la cobranza por mensajes de textos, correos electrónicos u otros?

 

Respecto a las cobranzas por otros medios la ley aplica la misma prohibición que con las cobranzas realizadas a través de llamadas telefónicas. Es decir, no podrán realizar más de dos gestiones de cobranza semanales vía correo electrónico, físico, SMS u otros, las que deberán contar con una separación a lo menos de dos días.

 

¿En qué consisten las limitaciones de los supuestos escritos judiciales?

 

Si bien la norma anterior prohibía que las empresas realizaran gestiones de cobranzas escritas que parecieran escritos judiciales, actualmente la ley prohíbe la emisión de cualquier tipo de documento, mensaje o comunicación que aparente ser judicial o que haga referencia a un escrito, resolución o actuación judicial.

En consecuencia, sólo está permitido que se efectúen notificaciones de demandas por los receptores judiciales correspondientes.

 

Registro de las gestiones de cobranza

 

Una de las novedades de esta ley, es que las empresas tendrán el deber de mantener, por el plazo de 2 años, los registros de las gestiones de cobranza.

Lo anterior, con la finalidad de facilitar las gestiones de inspección y auditoría sobre las prácticas de cobranza de una empresa denunciada bajo esta nueva regulación.

 

Situación de demandados ante tribunales por deudas morosas o procesos de insolvencia

 

Si existe un cliente emplazado por un juicio de cobro, o bien éste ha iniciado un procedimiento concursal (quiebra personal), se deberá poner término de inmediato a las actuaciones de cobranza extrajudicial.

En adelante, todas las actuaciones deberán ser judiciales respecto al cliente que se encuentre en esta situación.

 

¿Se puede suspender ante el tribunal las gestiones de cobranza de una determinada empresa?

 

Si. El deudor tendrá la posibilidad de solicitar al juzgado respectivo la suspensión de las acciones de cobranza de una determinada compañía, siempre y cuando haya una denunciada o demanda por infracción a la Ley de Consumidor en esta materia.

 

¿Cuáles serán las sanciones para las empresas?

 

Los Tribunales de Justicia pueden establecer multas de hasta 300 UTM. Esto es, más de 15 millones de pesos chilenos.

 

¿Qué beneficio le otorga esta nueva ley a una Sociedad?

 

Junto con lo anterior, esta normativa busca actualizar y disminuir forzadamente los costos asociados a gestiones de cobranza judicial y/o extrajudiciales que se aplican a los consumidores morosos.

En otras palabras, la reducción de estos cobros excesivos implica que en el futuro se implementen nuevas formas de cobro más efectivas, y rentables para todas las pequeñas, medianas o grandes empresas.

Por otro lado, en opinión del editor, esta nueva ley en materia de cobranzas extrajudiciales viene en educar mediante la limitación de conductas que afecten la privacidad o la protección de los derechos de los consumidores.

Sin duda, esto será un objeto de regulación muy recurrente en los próximos años, siguiendo la tendencia mundial al respecto.

 

¿Quién será la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa y de acoger los reclamos de los consumidores?

 

La entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa y de acoger los reclamos de los consumidores es el SERNAC. Para dudas, reclamos o evaluar algún caso particular te recomendamos ingresar al Portal del Consumidor.

Recuerda que, si tienes alguna duda sobre este u otro tema relacionado, escríbenos aquí y un abogado de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo a la brevedad.

 

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